O atributo da presunção de veracidade dos atos administrativos: reflexões à luz de um direito administrativo constitucionalizado, processualizado e aderente às inovações tecnológicas

Abstract

Brazilian doctrine, followed practically in unison by jurisprudence, has long recognized the presumption of veracity of administrative acts as one of its elementary attributes, the consequence of which is the reversal of the burden of proof in detriment of the individual, leaving the latter to demonstrate the untruthfulness of the facts consigned by the state agent. It so happens that forensic practice has shown that this doctrinal and jurisprudential construction has been used by the State in order to subject the administered to the authority of its acts, without being given the ability to effectively question it. In this context, we propose to carry out a critical analysis of the attribute of the presumption of veracity of the administrative act, now under a contemporary view of the 1988 Constitution, whose basic precepts reinforce a state supported by the democratic regime of law, and that among the list of fundamental guarantees, it is expressly foreseen that the Administration respects the adversary system and ample defense, corollaries of the due processo of law. Furthermore, as we see that the problem intensifies precisely at the moments when the Public Administration behaves as an accusing State, we will direct the study towards the punitive (sanctionary) act, in which there is an imputation of penalty to the individual. In this sense, given the circumstance that the punitive intention of the Administration is expressed, to a large extent, through the exercise of its police power, we will also enter into this theme, emphasizing new technologies as an element to be taken into account in the reflection on the need for proof of administrative offenses by the State.

RESUMEN La doctrina brasileña, seguida prácticamente al unísono por la jurisprudencia, hace tiempo que reconoce como uno de sus atributos elementales la presunción de veracidad de los actos administrativos, cuya consecuencia es la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del particular, dejando a este último demostrar la falsedad de los hechos consignados por el agente estatal. Ocurre que la práctica forense ha demostrado que esta construcción doctrinal y jurisprudencial ha sido utilizada por el Estado para someter al administrado a la autoridad de sus actos, sin que se le dé la posibilidad de cuestionarlo efectivamente. En este contexto, nos proponemos realizar un análisis crítico del atributo de la presunción de veracidad del acto administrativo, ahora bajo una mirada contemporánea de la Constitución Ciudadana de 1988, cuyos preceptos básicos refuerzan un Estado sustentado en el régimen democrático de derecho, y que entre la lista de garantías fundamentales, se prevé expresamente que la Administración respete el sistema contradictorio y la defensa amplia, corolarios del debido proceso legal. Además, como vemos que el problema se agudiza precisamente en los momentos en que la Administración Pública se comporta como Estado acusador, orientaremos el estudio hacia el acto punitivo (sancionador), en el que se produce una imputación de pena al individuo. En este sentido, dada la circunstancia de que la intención punitiva de la Administración se expresa, en buena medida, a través del ejercicio de su poder de policía, también entraremos en este tema, enfatizando las nuevas tecnologías como elemento a tener en cuenta en la reflexión sobre la necesidad de la prueba de las infracciones administrativas por parte del Estado. Palabras clave: Democracia administrativa. Debido proceso legal administrativo. Presunción de veracidad del acto administrativo. Inversión de la carga de la prueba. Nuevas tecnologías.